Álvaro Delgado
Revista Proceso # 1823, 9 de octubre de 2011
Han sido siete años de “crueldad” judicial –como lo define su abogada,
Perla Gómez Gallardo– los padecidos por el periodista Alfredo Rivera por haber
investigado, documentado y publicado un estudio sobre el fenómeno del porrismo
universitario en Hidalgo y sus flagrantes conexiones políticas. El dirigente
“estudiantil” y político priista Gerardo Sosa
Castelán lo demandó por daño moral… y ganó. Así demostró que en México todavía
hay intocables.
Luego de que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) avaló el acoso judicial contra el periodista
Alfredo Rivera Flores, quien deberá indemnizar por daño
moral al político priista Gerardo Sosa Castelán, comunicadores, académicos y
activistas se organizan para enfrentar una escalada que, afirman, existe contra
la libertad de expresión en México.
El encargado de fijar el pago económico a Sosa Castelán por daño moral
que dice le causó Rivera Flores por escribir el libro La Sosa Nostra. Gobierno y porrismo coludidos en
Hidalgo, y que se teme sea millonario, es el mismo juez que emitió la sentencia en primera instancia, en un
juicio que duró siete años y que la SCJN convalidó, lo que constituye un caso
prototípico de acoso judicial al ejercicio periodístico.
“Hoy en México escribir un libro es un acto ilícito, y la autoridad
judicial es el actor del ataque”, afirma Perla Gómez Gallardo, quien se hizo
cargo de la defensa de Rivera Flores desde que, el 6 de agosto de 2004, Sosa
Castelán presentó la demanda que concluyó con un fallo luego de siete años y
que la abogada define como “crueldad judicial”.
Y es que la sentencia contra el periodista hidalguense es no sólo por
haber escrito el libro –prologado por Miguel Ángel Granados Chapa, también
demandado por Sosa, aunque él sí absuelto–, sino por publicarlo, distribuirlo y
comercializarlo, acciones exclusivas de la editorial.
“(Los ministros) al negarle el amparo
le confirman la sentencia que lo condena hasta por lo que no hizo y lo van a
sancionar con una ley no vigente, porque no le reconocieron la
retroactividad en su beneficio”, expone Gómez Gallarado, también litigante de
otros casos emblemáticos de libertad de expresión.
–En ese sentido, ¿la Suprema Corte
avaló el acoso judicial?
–Sí, fue parte del mismo, porque a los ministros les llegó el caso y
tardaron dos años para resolver y, finalmente, decidieron no otorgar el amparo.
De hecho, asegura, dos de los cinco ministros de la Primera Sala, Guillermo Ortiz Mayagoitia y Jorge Pardo Rebolledo, ni siquiera leyeron
el expediente y otro, José Ramón Cosío, cambió repentinamente el sentido de su
voto.
Creyente de que la justicia que no es expedita no es justicia, Gómez
Gallardo acusa: “Aquí hay una perversidad institucional cuando se permite que
se alarguen los tiempos y que la otra parte –la acusadora– promueva situaciones
improcedentes que terminan alargando un procedimiento con el auspicio del
juez”.
–¿Es el mismo juez que admitió la
demanda y la sentencia?
–¡Exacto! Por eso tenemos el temor fundado de que no va a actuar de la
manera más correcta, como no lo ha hecho en otros momentos. Pero si el juez actúa mal iremos contra él en el Consejo de la
Judicatura, y también si cuantifica mal nos vamos a la apelación y al amparo en
cada momento hasta que eso quede de la mejor manera.
–¿Qué consecuencias tiene este caso?
–Principalmente el hecho de que alguien que quiere hacer una
investigación periodística lo va a pensar, porque puede ser demandado, como
Alfredo, cuya primera sentencia llegó cuatro años después. Y mantener
permanentemente demandado a alguien es una nueva forma de inhibir la libertad
de expresión. Es muy sutil, pero muy efectiva.
Deber y daño moral
Rivera Flores, autor del libro sobre las andanzas porriles del exrector
de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y expresidente de la
Federación de Estudiantes Universitarios de Hidalgo (FEUH), acata la sentencia
y la indemnización que fije el vigésimo noveno juez, Miguel Ángel Robles Villegas, pero advierte que recurrirá a
instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), para defender la libertad de expresión.
“Seguiremos litigando para obtener la razón y para que los jóvenes
investigadores y los periodistas puedan saber que en este país publicar un
libro no debe ser un hecho ilícito y que tienen el deber moral de aportarle a
la sociedad los elementos para que conozca su pasado”, puntualiza.
“Esa condena, que está a punto de concretárseme en una cantidad
monetaria, ya venía siendo pagada con siete años de estar atado a un juicio.
Esto es uno de los primeros elementos negativos para la libertad de expresión:
Que alguien no pueda ejercer su derecho a la opinión crítica y sustentada es ya
el castigo”, expone quien viajó más de 350
ocasiones de Pachuca, donde reside, a la Ciudad de México para asistir a las
audiencias.
“A pesar de los pesares, mi libro es socialmente necesario y sólo por
eso lo volvería a escribir”, sentenció ante un grupo de periodistas, académicos
y activistas, el miércoles 5, en una reunión para pactar una estrategia
unitaria ante un clima adverso a los periodistas en México, en particular por
parte de personajes públicos, sobre todo políticos.
Por eso el caso de Rivera Flores no es aislado, advierte Perla Gómez,
investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y profesora de
posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): “El análisis nos
lleva a determinar que hay una tendencia muy puntual a utilizar las instancias
judiciales como mecanismo de ataque a la libertad de expresión”.
Justamente el miércoles 5 se inauguró, en las instalaciones de la UAM
Cuajimalpa en la colonia Roma, un “Seminario permanente” con el propósito de
ser “un punto de encuentro para analizar, desde diversos acercamientos, el tema
de la libertad de expresión, convirtiéndose en un ejercicio multidisciplinario
que lleve a la reflexión y generación de políticas públicas y fortalecimiento
institucional en la materia”.
Esta iniciativa se inauguró con una conferencia sobre la libertad de
expresión del historiador Lorenzo Meyer, quien el 29 de agosto fue absuelto, junto con la cadena MVS, de una
demanda por daño moral presentada por el director del diario Milenio, Carlos Marín,
gracias a la defensa precisamente de Gómez Gallardo.
Estuvo presente, además, Eduardo Huchim, columnista del diario Reforma, a quien la magistrada Consuelo
Villalobos Ortiz demandó, junto con otros cinco periodistas, por más
de seis millones de pesos por publicar información con documentos públicos
sobre la construcción del edificio del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
administrativa.
Asistieron también miembros del Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la UNAM, de la Facultad de Estudios Superiores Aragón y la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, lo mismo que las comisiones de
Transparencia de Tlaxcala y Campeche. Además, las fundaciones de Libertad de
Expresión, Manuel Buendía, la Casa de los Derechos de Periodistas, la
Asociación de Abogados Democráticos y México Infórmate, así como las revistas
Zócalo y Contralínea.
Los primeros acuerdos del seminario fueron apoyar y respaldar al
periodista Alfredo Rivera, una de cuyas acciones es el envío de una carta al presidente del Tribunal de Justicia del
Distrito Federal, Edgar Elías Azar, para solicitarle que en uso de sus
atribuciones no se emita una sanción económica desproporcionada al supuesto
daño contra Sosa Castelán.
Y, además, exhortar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para
que se aprueben las reformas pendientes a favor de la investigación necesaria
de libertad de expresión en casos de homicidios de periodistas, las leyes de
honor y el secreto profesional para consolidar este derecho en la capital.
“Así como él tiene violentada su libertad de expresión, nosotros los
ciudadanos tenemos violentado nuestro derecho a saber”, puntualizó Gómez
Gallardo para ejemplificar las consecuencias del acoso judicial a Rivera
Flores, quien ha pasado siete años en los laberintos de la justicia desde que,
en agosto de 2004, fue demandado por Sosa Castelán.
En esa fecha, el político priista, quien dos veces ha sido precandidato
a la gubernatura y que ahora coquetea con el Partido Acción Nacional (PAN),
reaccionó jurídicamente a La Sosa Nostra. Gobierno y porrismo coludidos en
Hidalgo, que comenzó a circular en mayo de ese año, justo cuando estaba en
curso el proceso priista para designar candidato, que recayó finalmente en
Miguel Ángel Osorio Chong, actual operador de Enrique Peña Nieto.
Sosa Castelán no sólo demandó a
Rivera Flores, sino al periodista Miguel Ángel Granados Chapa, prologuista del
libro, al editor Librería Miguel Ángel Porrúa, Libraria S. A de C. V., que
hizo la formación tipográfica, el diseñador de la portada, Enrique Garnica
Ortega, y a Héctor Rubio Traspeña, fotógrafo de la contraportada.
Sosa citó en su demanda pequeños fragmentos del libro donde aduce el
aparente daño que se le ocasiona, como sus ligas con el porrismo y vandalismo,
y aun señala que se le exhibe como alguien que carece de límites. Por tanto,
demanda la indemnización como reparación del presunto daño, el retiro y
destrucción de todos y cada uno de las publicaciones del libro.
“Esa es la ratificación de lo trivial y superficial de la demanda y eso
deja margen para que uno crea que el juez Robles Villegas operó, al menos, con
cortedad de miras, pero podrían ser otros los motivos que dio un fallo tan
absurdo”, dice.
Aunque Granados Chapa fue exonerado,
dice Rivera, “de todas maneras fue sujeto a un enorme proceso, porque a su
circunstancia personal de salud tenía que agregarle las tediosas, abrumadoras y molestas audiencias y sin embargo ahí estuvo, firme, y obtuvo, como
era de elemental justicia, la exoneración total y absoluta en este caso”.
Ministros de tarjetas
Al respecto, Rivera
explica que su libro es sobre el porrismo coludido con los gobernantes de
Hidalgo, en un intercambio de beneficios mutuo. “Sin embargo, cuando aparece
Sosa Castelán, esto se lleva a extremos de tratar de alcanzar el poder político
en pleno y es por esa razón que fue dos veces precandidato a la gubernatura”.
Y confiesa: “Con lo que no contábamos era que el joven dirigente
universitario era de piel sensible y además se había crecido al paso de los
años, meced a la impunidad que tuvo en las fuerzas públicas y que incluso le
desaparecieron un expediente delictuoso, para creerse que su moral estaba
dañada si se mencionaban simple y sencillamente algunos de sus hechos negros de
violencia”.
Así comenzó un juicio que, el 10 de agosto, quedó firme con la decisión
de la Primera Sala de la SCJN de no concederle el amparo para que le fuera
aplicada la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la
Vida Privada, el Honor y a la Propia Imagen, aprobada en 2006 y que motivó
precisamente su caso.
“Lo más patético es que el caso que inspiró la ley es el caso que no va
a ser favorecido por la ley”, lamenta Gómez Gallardo, quien explica que el
amparo era para pagar una indemnización menor a Sosa Castelán, pero los
ministros consideraron que el principio de retroactividad no era aplicable,
porque Sosa Castelán saldría perjudicado.
Lo curioso es que, en un caso análogo, sí ocurrió desde la primera
instancia: Fue en la demanda de Regino Díaz
Redondo, exdirector de Excelsior, contra Granados Chapa, Floylán López Narváez
y el Canal 11, a los que en segunda instancia se absolvió.
“En el caso de Alfredo solicité lo mismo y lo negaron, y a partir de ahí
fue un viacrucis adicional de ir a la segunda instancia, al amparo, la revisión
a la Primera Sala de la Corte”.
Gómez Gallardo evoca dos situaciones que gravitaron en contra de Rivera:
La muerte del ministro Jesús Gudiño Pelayo, quien estaba a favor de la
limitación a la protección de figuras públicas, y la incorporación de Jorge
Pardo Rebolledo, “quien ni siquiera revisó el expediente”.
Lo mismo pasó con Ortiz Mayagoitia, quien tampoco sabía de qué se
trataba y alegó que sus asesores le dieron mal la ficha del caso: “Son
ministros que se pronuncian no sobre el expediente, sino sobre las fichas que
les pasan”.
Ahora el juez que sentenció a Rivera va a fijar el monto de
indemnización por el supuesto daño moral a Sosa, “que en todo el expediente
nunca aparece, porque nunca lo acreditaron”. El temor es que se fije un monto
millonario, por lo que hace un llamado al presidente del TSJDF para que
supervise.
“Porque si se trata de seguir afectando a Alfredo, como ha sido estos
siete años, obviamente tenemos el temor de que sea una cantidad
desproporcionada”, subraya.
Explica que el tiro del libro fue de 4 mil ejemplares y cada uno costaba
entre 100 y 120 pesos, por lo que el monto es menor a los 500 mil pesos, de
cuya cantidad Rivera sólo recibió el 7% de regalías. “Son unos 35 mil pesos lo
que él ‘lucró’, entre comillas, con su libro. Que el juez sepa que todos lo
estamos observando y que ya tenemos un parámetro racional del monto”.
Libro sobre el libro
Contador público por la UNAM, con posgrado en Francia, Alfredo
Rivera padeció como estudiante, profesor y director de la Escuela de Contaduría
y Administración el porrismo en la UAEH, uno de cuyos líderes fue y es Sosa
Castelán, y la colusión con los gobiernos en turno.
Participante activo en la política, periodista que ha animado diversos
proyectos editoriales y los sábados conduce, desde hace varios años, el
programa radiofónico “Especial de las Diez”, Rivera espera que el juez que lo
sentenció actúe con decoro, por lo menos ahora que fijará la indemnización a
Sosa Castelán.
Y así como ha recibido solidaridad del gremio periodístico, de
académicos, intelectuales y sectores de la sociedad, también prevé que habrá
respaldo para indemnizar a Sosa Castelán.
Además de la cooperación económica que se estima habrá, uno de los
proyectos para financiar la indemnización, si es que no es millonaria, es
publicar un libro justamente sobre todo el litigio de siete años. “Hemos
definido que realizaremos un libro sobre el libro”.
Una parte será sobre el aspecto estrictamente jurídico del
litigio, encabezado por Perla Gómez; otra se refiere a la libertad de expresión
que analizan quienes han apoyado su caso y sus propias vivencias.
“Lo menos relevante es lo personal, pero finalmente las cuestiones
públicas vienen a concretarse en las personas. Me ha tocado vivir este asunto y
eso da lugar a una serie de experiencias personales, de vivencias, y esa parte
también constituirá ese proyecto del libro, que pensamos que una vez terminado
y con un tiraje suficiente podrá darnos, si no el monto total de lo que
la sentencia nos exija, al menos paliará esta situación”.
Rivera dice que, en efecto, la sentencia le da a Sosa la razón jurídica,
pero la vox populi, que a veces es muy etérea, ahí está:
“En Hidalgo ha quedado establecido que los hidalguenses, los pachuqueños
en concreto, tienen memoria y esa memoria no le permite otorgarle su voto a
Sosa Castelán en los puestos públicos. Hay un rechazo social, es absolutamente
claro que no goza de las simpatías de la población.”
Enseguida aclara:
“De todas maneras se trata de un tipo hábil que se ha podido colar en los
entresijos de la política, a veces en contra de su propio partido, porque con
esta facilidad que tiene para no tener una definición ideológica propia,
entonces puede coquetear, y de hecho ahora mismo lo hace, con el PAN o con el
PRD”.
